Por Arturo Massol Deyá
Portavoz de la organización Casa Pueblo en Adjuntas
El gobierno de Fortuño casi saboreó un permiso federal para Vía Verde hace un año atrás. Para esos días las agencias federales se alineaban una detrás de la otra, producto de una inversión millonaria del gobierno en cabilderos en los Estados Unidos.
Muchos desconocen, pero septiembre de 2011 marcó la lucha en contra del gasoducto. Con una activación estratégica, el resultado de esa batalla debe ser ahora evidente. No se otorgó permiso alguno, no construyeron ni una pulgada de tubería, mas algunas agencias federales se tiraron del barco, retirando endosos previos.
Meses más tarde, el propio gobierno comenzó a buscar alternativas para luego aceptar que quisieron vendernos un tubo sin gas. “Por falta de capacidad en el suplido” sería la postura oficial del Gobernador reconociendo el fracaso. Sin embargo, esta aceptación pública no ha evitado que Fortuño siga insistiendo en alcanzar el peligroso permiso a espaldas del pueblo. Ambigüedades, contradicciones y más deshonestidad de los gobernantes.
Hoy podemos preguntarnos, ¿qué habría sido del país si el gasoducto se hubiera construido sin oposición? Ya estaría inaugurado, pero no habría gas para echarle dentro, no habría forma de cumplir con rebajas en las facturas de luz ni forma de cumplir con las nuevas reglamentaciones federales de la EPA. Peor aún, habría que pagar la nueva deuda de $800 millones, por lo que estaría aumentando el costo del kilovatio hora de uno a dos centavos. Por los próximos 30 años, ¿cuánto daño económico evitó un pueblo que supo defender sus aguas y sus tierras?
Para los que trabajamos voluntariamente en gestión comunitaria, los espacios de inserción en la política pública del país se van cerrando cada vez más. Peor aún, se criminalizan. En lugar del gobierno proteger a los que defendemos las aguas, las tierras y nuestra gente, resulta que el nuevo Código Penal descriminaliza a los que violan el patrimonio natural, mientras condena a 3 años fijo de cárcel a los que levantan la voz de alerta.
¿Cómo es posible que a estas alturas un juez, un fiscal y una corte en Ponce estén enjuiciando a aquellos que tiraron la raya por defender las tierras agrícolas mientras verdaderos criminales campean por su respeto en la zona?
Hace un año atrás, junto a David Galarza, el estudiante Carlos De León y mi papá Alexis Massol, nos tocó hacer desobediencia civil frente a la casa presidencial en Washington DC. Ese pequeño sacrificio buscaba la atención de la administración Obama así como de la comunidad internacional en el periodo crítico de septiembre. Allí fuimos arrestados por desobedecer alguna ley, cosa que nos hermana con los arrestados de las tierras agrícolas.
Recordando septiembre de 2011, recuerdo a mi hija Gabriela afligida al enterarse de los arrestos. Su legítima preocupación se basó en el imaginario que tiene un puertorriqueño promedio sobre la policía cuando actúa contra el pueblo que protesta ante las injusticias. Ella, aun en escuela superior, piensa en “misters” con macana, como diría Roy, golpeando a la desobediencia de “mala gana”. Esas imágenes son reales producto de las propias acciones del gobierno.
Pienso hoy que si el código penal de Puerto Rico hubiera estado en marcha allá en Washington, la falta de tolerancia tendría a dos Massol de Casa Pueblo en la prisión, con un año cumplido y otros dos más por cumplir. Tan injusto sería tal abuso como absurdo el gasoducto sin gas. No obstante, la desobediencia a tiempo, con una gestión comunitaria y política efectiva, ha prevenido que el pueblo tenga que enfrentar al gobierno de Fortuño de haberse logrado un permiso. El choque sería inevitable y el gobierno lo sabe. Por eso mismo se aprobó, durante el montaje del gasoducto, la Ley del Chuchin (la misma que hoy se esgrime para enjuiciar a los defensores de las tierra agrícolas), ley que penaliza injustamente a aquellos que respetan a su pueblo y obedecen su conciencia.
Ante el cierre de espacios sociales para participar con denuncias y a la imposición de un Estado sordo que impide a la ciudadanía aportar con propuestas a la solución de problemas, entonces toca a las comunidades adaptarse e insistir en la resistencia. Ya tenemos indicadores de esa creatividad adaptativa de la ciudadanía, materializándose con una contundente lección a esa tiranía de gobierno. Dos veces NO retumbó por el país. Pero no me refiero a la acción de votar, sino la gestión colectiva y diversa de un pueblo para educar a su pueblo. Si el gobierno insiste con el gasoducto, tocará frenarlos nuevamente, con educación y desobediencia si fuera necesaria.
