Tras la implementación del programa IN en Cabo Rojo, comenzaron a proliferar vertederos clandestinos por todo el municipio. Archivo.
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Miprv.com
La implementación del programa Iniciativa Naranja (IN) en el municipio de Cabo Rojo, que establece que los residentes tienen que adquirir bolsas especializadas para disponer de la basura, ha traído consigo una controversia que va desde la proliferación de vertederos clandestinos hasta el golpe que representa para el bolsillo de los caborrojeños el adquirir estas bolsas anaranjadas.
Sin embargo, residentes y comerciantes de Cabo Rojo que fueron entrevistados por Mi Puerto Rico Verde coincidieron en estar a favor del reciclaje, no así de tener que adquirir las bolsas anaranjadas, que calificaron como costosas, de mala calidad y que no favorecen al medioambiente, por no ser biodegradables.
Juan Cancel, comerciante que presentó una demanda junto al artesano Eddy Vega en contra del municipio de Cabo Rojo por el establecimiento de la Ordenanza #26, aseguró que esta medida es una “onerosa”. En su caso, dijo, estaría incurriendo en un gasto de $300 a $400 mensuales en bolsas para depositar la basura que genera en su negocio ubicado en el casco urbano. No obstante, el comerciante tomó la decisión de no comprarlas.
Cancel aseguró que hay otros negocios que están gastando $90 cada tres días en bolsas y otros sobre $2 mil mensuales, puesto que mucho del material que utilizan no es reciclable.
Esto representaría, a su entender, que comercios comiencen a cerrar sus puertas ante esta medida. En su caso, dijo, el gasto que representaría para su negocio la compra de estas bolsas podría redundar en la reducción de horas a sus empleados y al aumento en el costo de los productos, para poder sobrellevar la carga.
Las bolsas especializadas tienen un costo de $7 por cada paquete de cuatro bolsas de 15 galones y $10.50 por cada paquete de 3 bolsas de 30 galones.
El comerciante de Cabo Rojo aclaró no estar en contra del reciclaje, sino de la implementación del uso de estas bolsas. Por esta razón, recomendó que se cobre una tarifa fija, por ejemplo de $7, puesto que ConWaste, compañía encargada de la venta de las bolsas y del recogido de los desperdicios sólidos en Cabo Rojo, estimó que una familia estaría gastando esta cantidad de dinero al mes en bolsas. Incluso, dijo estar de acuerdo con que los comerciantes, al producir más basura, paguen más. De esta forma, dijo, “no sacrificamos el poquito ingreso, la poquita calidad de vida que tiene la ciudad de Cabo Rojo para beneficiar una compañía y hacerla mucho más millonaria de lo que es”.
El ciudadano y demandante, Eddy Vega, aseguró que los “caborrojeños estamos 100 por ciento de acuerdo con lo que es reciclaje, 100 por ciento a que se implemente un buen servicio de recogido de desperdicios sólidos”, pero no con el método impuesto, puesto que el costo de las bolsas es “bastante alto”.
A su vez, Vega criticó que no se haya realizado un estudio socioeconómico antes de la aprobación de la Ordenanza #26, porque, según dijo, el municipio y ConWaste se dejaron llevar por el programa de reciclaje que tiene Suiza, un país donde la economía está por encima que la de Puerto Rico.
Por su parte, el licenciado Martín Aguilar Martínez, ciudadano de Cabo Rojo y portavoz de los demandantes, mencionó el hecho de que antes de aprobarse la ordenanza no se hicieron vistas públicas para ver otras alternativas, opiniones y haber escuchado expertos. Incluso, mencionó que en el Artículo 2.005 (Programas y Sistemas de Manejo de Desperdicios) de la Ley de Municipios Autónomos se establece que antes de aprobar una ordenanza primero tienen que celebrarse vistas públicas.
“Soy un asiduo residente que recicla, creo en que hay que reciclar, lo vengo practicando hace más de 10 años. Inclusive, parte de lo que se produce en material vegetativo, lo utilizo en composta, pero a lo que realmente nos oponemos es a que aquí no hubo un estudio socioeconómico de cómo se iban a afectar las personas, y se pudieron haber establecido algunas tarifas proporcionales, justas, que no fueran regresivas a los menos afortunados, a las personas con menos capacidad económica”, sostuvo el licenciado.
De otra parte, Ada Ramona Miranda Alvarado, maestra de profesión y activista ambientalista, aclaró que ni Cabo Rojo ni la Isla está en contra del reciclaje, “la cosa es que si vamos a hacer reciclaje tiene que ser de la manera correcta, pensando en todos los puntos, que no sea solamente el político. Tenemos el social, el económico, tenemos el ambiental, sobre todas las cosas”.
Para Miranda Alvarado, quien dirige la corporación ADA (Acción Didáctica Ambiental), resulta una contradicción que eliminen las bolsas plásticas de los supermercados y que ahora en Cabo Rojo impongan el uso de unas bolsas que no son biodegradables ni compostables, para echar la basura.
La educadora entiende que hace falta más educación en la ciudadanía en cuanto al reciclaje. Mencionó que las personas deben saber, por ejemplo, que si el material reciclado no está limpio y se introduce en las bolsas para el reciclaje, entonces, este material está contaminado y contamina todo lo que está dentro de la bolsa, terminando todo el material en el vertedero.
Proliferan vertederos clandestinos
Tras la implementación del programa IN en Cabo Rojo, comenzaron a proliferar vertederos clandestinos por todo el municipio. Se dice que surgieron a modo de protesta o porque sencillamente las personas no cuentan con el dinero para comprar las bolsas.
Mirna Conty, de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración (COAI), aseguró que esta situación es “el efecto de decisiones que se toman a la ligera, como es el caso de cobrar por el recogido de basura”.
Para Conty, la gente que no puede pagar por las bolsas, pudiera comenzar a identificar lugares donde se puedan deshacer de ella, lo que generará, entre otras cosas, un problema de salud.
Opinó que antes de cobrar por el recogido de los desperdicios sólidos, se debió implementar un programa de Basura Cero, que tiene como objetivo el reciclaje.
“Considero que está bien cobrarles a las personas si no cumplen con un plan de reciclaje, pero es que ni siquiera se ha incentivado el reciclaje y ya se está cobrando por la basura generada. En la mayor parte de lugares en el mundo en los que se ha cobrado por recoger basura, se ha procedido primero a implementar un programa de Basura Cero, y tras el programa no dar resultado, se ha comenzado a cobrar. Pero, en los sitios en los que el programa de reciclaje se cumplen en su totalidad, no se cobra”, manifestó.
Por su parte, Jessica Seigle, de la organización Basura Cero, aseguró que los vertederos clandestinos siempre han existido, con o sin cobrar por el recogido de la basura, pero que con generarlos las personas no consiguen nada, más allá de crear un problema de higiene y de salud.
Seigle, sin embargo, se manifestó a favor de la implementación de la IN en Cabo Rojo, puesto que esta medida puede “incentivar a que las personas reduzcan y reciclen”.
“Nosotros como ciudadanos tenemos que tomar responsabilidad y asumir el control. Si no se quiere pagar por una bolsa, es hora de explorar alternativas de cómo reciclar y reducir. Por ese lado, me parece una buena estrategia”, dijo Seigle refiriéndose a la IN.
Alcalde le echa la culpa al gobierno
El alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, quien estuvo participando de una vista pública en la Comisión de Asuntos al Consumidor del Senado esta semana donde se investiga la implementación de la IN en dicho municipio, manifestó que las medidas tomadas por el Gobierno Central, la Cámara y el Senado han afectado cuantiosamente los recaudos, no solamente de Cabo Rojo, sino de los 78 municipios, lo que los obliga a implantar medidas como la IN para cobrar por el recogido y disposición de los desperdicios sólidos.
“Esta Legislatura no puede ponernos un bloque en el pie y pretender que flotemos. Si esta Legislatura interesa que los ciudadanos no aporten nada por el recogido de basura, tienen que enmendar el presupuesto del Gobierno Central y devolvernos lo que nos han quitado, de lo contrario no hay otra alternativa”, sostuvo Ramírez Kurtz durante su ponencia.
El primer ejecutivo municipal defendió el programa IN, y manifestó que cualquier otra manera fija de cobro por el manejo de los desperdicios sería injusta porque no incentiva el reciclaje y agrava al ciudadano sin importar cuántos desperdicios genere ni cuán eficiente sea en el reciclaje. Además, aseguró que los andamiajes administrativos que conllevan los sistemas de tarifa fija son tan costosos que el precio por el servicio sería insostenible.
Nuevo capítulo
El Municipio de Cabo Rojo fue demandado por el Departamento de Justicia para tratar de detener la Ordenanza #26, al amparo de la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. A raíz de la demanda, el Tribunal ordenó un cese y desista de la venta de las bolsas hasta que no se viera la demanda.
El día de la vista, el municipio llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia en el Tribunal para dejar sin efecto la sección de la ordenanza que violaba la Ley de Monopolios.
Así, el Tribunal dejó sin efecto el cese y desista, y la IN continúa en Cabo Rojo.
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Teresita Heydrich Blanco colaboró en esta historia.
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