Whole Foods ha cesado su campaña en contra de los alimentos genéticamente modificados. Foto José E. Maldonado/Miprv.com

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El documental "Gasland" creó conciencia sobre el peligro que representa el "fracking" para los abastos de agua.

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El realizador del documental “Gasland”, Josh Fox, fue arrestado y esposado hoy en el Congreso cuando intentaba grabar una audiencia en la que se discutía sobre el “fracking” o fracturación hidráulica, el método utilizado para extraer gas natural de la tierra.

Fox, cuyo documental estuvo nominado al Oscar, fue sacado de la audiencia en la que se hablaba sobre la contaminación de abastos de agua potable por el “fracking” a petición de un grupo de legisladores republicanos, que objetaron la presencia de cámarass en el salón de comité.

De acuerdo a reportes del diario The Guardian, la policía del Capitolio acusó posteriormente a Fox de entrar ilegalmente a la Casa de las Leyes y el cineasta fue ordenado a comparecer en corte el 15 de febrero.

Mira el video del momento del arresto:

Esta controversia surge en momentos en que la Agencia de Protección Ambiental hiciera públicos más de 620 documentos que apoyan su hallazgo de que las prácticas de “fracking” contaminaron el agua potable de un pequeño pueblo en el estado de Wyoming.

Fox y su equipo fílmico no tenían credenciales de prensa, aunque él había solicitado permiso para grabar antes de la audiencia.

“Es claro que nos estaban bloqueando y no es la primera vez que lo hacen”, dijo Fox a The Guardian, agregando que el comité está atentando contra la libertad de prensa ya que tampoco permitió que las cadenas de televisión Fox y ABC grabaran la audiencia.

“Si los republicanos en la Cámara están realizando una audiencia sobre este tema tan sensitivo, entonces la gente debería poder conocer acerca de la audiencia y de lo que ellos están haciendo al respecto”, dijo Fox.

Mira el corto extendido del documental Gasland:

Los residentes de Loíza estiman que con la cantidad de arena que estarían sacando de sus costas, la empresa Environmental Equity S.E. ganaría entre $14 millones y $18 millones. Foto Miprv.com

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Miembros de la Coalición Piñones-Loíza reclamaron al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, que conteste su solicitud de intervención y sostenga la denegatoria que su propia agencia había emitido a un proyecto de extracción de arena propuesto en Piñones, Loíza en el año 2006.

“El secretario Daniel Galán Kerkadó está considerando otorgar un permiso a un proyecto de extracción de arena en Piñones que la propia agencia ya había denegado el pasado 17 de enero de 2006. Desde marzo del año pasado, miembros de la Coalición Piñones-Loíza solicitamos ser interventores en el proceso de re-evaluación de este permiso de extracción de arena y ya han pasado más de 10 meses y la agencia no ha atendido nuestra moción de intervención”, reclamó Milagros Quiñones, Portavoz de la Coalición Piñones-Loíza y residente del sector La Torre en Piñones.

“Esto permite que el Departamento continúe reuniéndose y negociando el permiso con el proponente a puerta cerrada, sin la participación e intervención de los residentes de Piñones como parte interesada”, agregó.

El permiso de extracción de material de la corteza terrestre lo solicita la compañía Environmental Equity S.E. y su representante Aitzgorry Gastañaga Schwartz, quienes proponen la extracción aproximada de 2,000 metros cúbicos diarios de arena por un espacio de seis meses en una finca de 75.28 cuerdas al este de Piñones.

El permiso de esta extracción fue denegado por el DRNA en enero del 2006, pero el proyectista solicitó la reconsideración de esta denegatoria bajo un procedimiento adjudicativo cuasi judicial dentro de la agencia. Desde entonces, la reconsideración del permiso lleva bajo este procedimiento administrativo y el Secretario del DRNA podría entrar en un acuerdo de transacción con el proyectista.

“Es inconcebible que el Secretario del DRNA esté considerando transar con el proyectista y aprobarle el permiso, contradiciendo los fundamentos técnicos, científicos y legales de su propia agencia en la denegatoria del 2006. El proyecto no cumple con numerosas leyes y reglamentos ni con la propia jurisprudencia del nuestro Tribunal Supremo en el caso Municipio de Loíza v. Sucesión Marcial Suárez”, resaltó la planificadora y asesora ambiental de la Coalición, Carmen R. Guerrero Pérez.

Guerrero hizo referencia al Plan de Usos de Terrenos del Área de Planificación Especial de Piñones de 1995, la Ley de Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre, la Ley de Política Pública Ambiental, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico con el caso Municipio de Loíza v. Sucesión Marcial Suárez y al Reglamento #6916 del DRNA (Reglamento para Regir la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre).

“Emplazamos al Secretario de Recursos Naturales a que cumpla con su deber ministerial de proteger la arena y la costa del Municipio de Loíza y que sostenga la denegatoria a este proyecto. El tema de las extracciones de arena en Loíza es uno que cala muy hondo en los corazones de todos los Loiceños. Al igual que luchamos y marchamos en contra de las extracciones de arena en el pasado, volveremos a luchar en contra de este proyecto descabellado”, también resaltó Maricruz Rivera, Directora Ejecutiva de la Corporación Piñones Se Integra (COPI).

Por último, Milagros Quiñones añadió: “Nos parece contradictorio que el proyectista le llame a este proyecto uno de ‘mejoramiento de hábitat’, cuando verdaderamente es un proyecto de extracción de arena. Nosotros le llamamos un proyecto de ‘mejoramiento del bolsillo’ ya que estimamos que con la cantidad de arena que estarían sacando de nuestra costa ganarían entre $14 a $18 millones”.

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Hoy concluyó el plazo establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) para recibir comentarios sobre el borrador de la Evaluación Ambiental del gasoducto Vía Verde por parte de las comunidades y otros sectores.

Alexis Massol González, director de Casa Pueblo de Adjuntas, hizo el anuncio y que aseguró que ahora le toca a esa agencia “obedecer la razón prevaleciente y cancelar el controversial proyecto del gasoducto”.

El USACE había puesto el reloj a correr para recibir comentarios hasta el lunes 30 de enero, como parte del proceso de permiso de construcción de la tubería.

Lee los 10 comentarios sometidos por Casa Pueblo al Cuerpo de Ingenieros. (PDF)

“Su tiempo se les acabó, su tiempo ya pasó. Nosotros, las comunidades hemos sometido nuestros comentarios y evidencias, los cuales están públicos. Ellos tienen que saber una cosa y es que el tiempo de las comunidades y de un país que sabe defenderse, con conocimiento y amor patrio, no caduca. Ellos son los circunstanciales. Ellos son los expirados”, sentenció Massol González al mostrar el documento sometido a consideración del USACE y que contiene 10 comentarios que justifican la inviabilidad y la pronta cancelación del gasoducto.

A modo de introducción, el documento expresa que el USACE ha llevado a cabo la evaluación del proyecto a lo largo de 16 meses, a pesar de que la agencia federal aceptara desde el principio, mediante carta a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que la propuesta de gas natural no cuenta con el suplido de gas necesario para operar.

Entre los comentarios de Casa Pueblo se cuentan los argumentos de ingeniería, el riesgo a la vida y propiedad de 200,000 personas, la ausencia de un ahorro económico que respalde la construcción del tubo, entre otros.

Sostienen además que el sólo hecho de que la propuesta de Vía Verde ha demostrado ser ineficaz para cumplir sus propios propósitos de ahorros y disminución de fuentes fósiles de energía, el mismo adviene en clara violación de la National Enviromental Policy Act (NEPA, por sus siglas en inglés).

“A este punto es importante que el país sepa que la forma en la que el USACE ha conducido su evaluación del gasoducto, que ha sido de una forma superficial y en plena manifestación de desprecio a la vida de los puertorriqueños, se merecen que se les investigue administrativamente. Lo que quiero decir con esto es que estamos convencidos de que su director Alfred Pantano llena todos los requisitos para que reciba un ‘deshonorable discharge’, o despido con deshonores”, opinó Massol González.

El también receptor del Premio Goldman del Ambiente en 2002, denunció lo que llamó “racismo ambiental” por parte del USACE y aseguró que “las agencias federales ni locales protegerán nuestro ambiente. Ese asunto le corresponde al pueblo de Puerto Rico que magistralmente con su inteligencia, acción y devoción de cumplir con el deber ha triunfado para tumbar el gasoducto”, acotó tras apuntar que sobre un 80% de la población ha descartado el tubo como solución para una mejor infraestructura para la generación de energía.

El USACE publicó a finales de noviembre pasado el borrador de Evaluación Ambiental en inglés para Vía Verde y otorgó hasta -hoy 30 de enero- para recibir comentarios.

A pesar de los múltiples reclamos comunitarios y de la propia Judith Enck, directora de la Agencia de Protección Ambiental Región II, el USACE se negó a traducir el documento al español. Este acto previno que múltiples sectores de las comunidades afectadas pudieran examinar su contenido y comentar sobre el proyecto.

“El manejo del expediente de Vía Verde por el USACE ha sido prejuiciado y antidemocrático. Las personas afectadas no han tenido la oportunidad de participar en la evaluación de un proyecto que afecta severamente sus vidas”, añadió Massol.

Casa Pueblo convocó a una marcha nacional para el domingo 19 de febrero que dará inicio frente a las oficinas de San Juan del USACE en Puerta de Tierra y culminará en La Fortaleza. Con el nombre de “Puerto Rico Firme Contra el Gasoducto”, las comunidades reclamarán la cancelación de Vía Verde y que el gobierno tome en cuenta el deseo y el conocimiento del sector ciudadano en la planificación de proyectos que afecten sus vidas y la de futuras generaciones.

Por otro lado, el grupo NY Contra el Gasoducto convocó hoy a una protesta frente a las oficinas del USACE en Nueva York, ubicada en el 26 Federal Plaza y anunció su participación en la Marcha Nacional.

La instalación de paneles solares ha reducido significativamente la factura de luz de la empresa de hidropónicos Mama Delia en Utuado. Foto suministrada

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Con el propósito de reducir los costos operacionales en el sector agrícola, el Departamento de Agricultura y la Administración de Asuntos Energéticos (AAE) junto a la Autoridad de Financiamiento e Infraestructura, (AFI) inauguraron un importante proyecto de energía renovable agrícola, con el que se reducirá cerca del 90% de los costos relacionados a energía eléctrica en la agroempresa de productos hidropónicos, Mama Delia, ubicada en Utuado.

Con una inversión total de $241,190.00, la empresa comenzó a operar con 147 paneles fotovoltaicos y cinco inversores, con los que producirá 32 kw, “lo que estimamos generará un ahorro de 55,840 kw/hr anuales, suficiente para la operación agrícola de la finca”.

“De mil dólares que se pagaban mensualmente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con este proyecto la factura se redujo a un poco más de $100, lo que equivaldrá a un ahorro de sobre $10 mil anuales”, dijo el agrónomo, Miguel Santiago Córdova, Secretario Interino del Departamento de Agricultura.

Mama Delia cuenta en la actualidad con 38 bancos de hidroponía dedicados a la producción de lechuga y cilantrillo.

Según explicó Santiago Córdova, la agroempresa recibió una aportación gubernamental de $192,152 proveniente del Departamento de Agricultura y de fondos ARRA adscritos a la Administración de Asuntos Energéticos. Con esta aportación, el Gobierno cubrió el 80% de la inversión, mientras que el agricultor invirtió $49,038, equivalentes al restante 20% del costo del proyecto.

“Productos Mama Delia es una corporación familiar establecida en el 2009. Produce y vende 100 cajas (20 masos) de lechuga y 50 cajas (30 masos) de cilantrillo semanalmente a las cadenas de supermercados Mr. Special y Econo y se encuentra negociando al presente su posible entrada en el competido mercado de Walmart”, explicó, Luis F. González, agroempresario y propietario de Mama Delia.

Este fue reconocido como el Agricultor del Año de la Región de Arecibo por el Departamento de Agricultura el pasado año.

“Con el respaldo del licenciado Luis Bernal en Asuntos Energéticos y el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), hemos invertido $2 millones en proyectos de energía renovable alrededor de Puerto Rico para trabajar bajo las mejores normas de sostenibilidad, lograr rentabilidad económica, asegurar el bienestar del trabajador y proteger el medio ambiente”, añadió Santiago Córdova.

Por su parte, Luis Bernal, secretario de la AAE agradeció al Departamento de Agricultura y a todos los agricultores que se han beneficiado de este programa, por posicionar a Puerto Rico como un lugar de innovación y vanguardia en la Agricultura.

“Hoy vemos agricultores comprometidos con nuestra tierra, que han buscado oportunidades para solidificar sus operaciones y ser parte de ese Puerto Rico que lo hace mejor, crear empleos e impulsar nuestra economía. Vemos proyectos de energía verde que se levantan por toda la Isla. Las aportaciones federales y los incentivos locales presentados por el Gobernador aseguran un futuro muy prometedor para la energía renovable en la Isla”, indicó Bernal.

“Algunas de las principales ventajas de esta iniciativa son la eliminación de parte o toda su dependencia de la AEE, el aumento del valor de la propiedad y su contribución a la reducción de las emisiones de CO2 en el ambiente”, agregó.

Estos sistemas tienen una vida útil de más de 25 años lo que garantiza un ahorro significativo de energía eléctrica por más del doble del tiempo de la recuperación de la inversión, aseguró Bernal.

La empresa Alternative Energy Systems tuvo a su cargo la instalación de los sofisticados equipos.

Por Miprv.com

Bajo el lema “Cada centavo cuenta” el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan comenzó su campaña de recaudación de fondos exhortando a los contribuyentes a aportar una parte, no importa cuán grande, de su reintegro para ayudar a mejorar nuestro medio ambiente.

Las personas interesadas en ayudar a mejorar nuestro ambiente pueden hacerlo a través del Fondo Especial del Estuario de la Bahía de San Juan, el cual fue creado por disposición de la Ley Núm. 48 del 31 de julio de 2009. Los contribuyentes pueden encontrar en sus planillas de contribución sobre ingreso un encasillado en el que pueden deducir una suma de dinero de su reintegro para donarla al Programa del Estuario.

En la forma corta pueden encontrarlo en la página 1, línea 1 (A), y en la forma larga en la página 1, línea 1 (B). El dinero aportado va destinado a proyectos de restauración ambiental diseñados por el Programa del Estuario en coordinación con otras agencias de gobierno y entidades privadas, según indicó Javier Laureano, director ejecutivo del Programa. El Programa del Estuario es una entidad sin fines de lucro creada a partir de la Ley Federal de Agua Limpia.

Los proyectos del Programa del Estuario incluyen iniciativas de recuperación de corales, siembra de mangles, monitoreo de calidad de agua, exhibiciones y publicaciones educativas, talleres y censos de aves y peces, entre muchos otros.

Puerto Rico depende de este ecosistema debido, en parte, a las siguientes razones: el 80% del total de los bienes de consumo importados a la Isla llegan al país por medio de la Bahía de San Juan; el aeropuerto Luis Muñoz Marín se encuentra localizado a orillas de la Laguna Torrecillas, parte del Estuario; por medio de sus cuerpos de agua recibimos más de un millón de pasajeros de cruceros y más de 9 millones de viajeros de avión.

En términos de importancia ecológica, el Estuario ofrece alimento y refugio a diversas especies de animales y plantas en peligro de extinción, como el manatí antillano, el carey y el tinglar. También ofrece refugio a ciento sesenta especies de aves, como el pelícano pardo y la garza real; diecinueve especies de reptiles y anfibios, como el coquí y la boa de Puerto Rico; ciento veinticuatro especies de peces, como el sábalo y el róbalo; y trescientas especies de plantas de humedal.

Las personas interesadas en conocer más sobre el Estuario pueden visitar la página www.estuario.org o http://sanjuanbayestuary.blogspot.com

Esta semana se realizó un debate entre los candidatos que aspiran a un puesto en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Foto Miprv.com

Por Melissa Solórzano García
Noticel

Tres de los cinco candidatos a representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) coincidieron en la importancia de que la composición del cuerpo cambie a una más accesible y representativa de toda la ciudadanía.

NotiCel conversó con el catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez del Departamento de Ingeniería Eléctrica Agustín Irrizary, el líder ambientalista Juan Rosario y el activista de los derechos del consumidor Ignacio García Franco. Mientras, los otros dos aspirantes: Jorge Bauzo y Héctor Besares, se ausentaron a un debate celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

En sus propuestas, tanto Irrizary como Rosario se complementaron ya que aspiran ganar juntos como representantes de la Mesa de Diálogo Enérgetico.

Escucha parte del debate:

Según explicó Rosario, después de tres años de un exhaustivo análisis con los múltiples sectores que componen la Mesa de Diálogo, de ser electo en la Junta, los esfuerzos deben enfocarse en: reestructurar la AEE, alejarse de la dependencia del combustible fósil y establecer un equipo de trabajo con conocimiento y peritaje y acceso a sectores públicos.

“Nosotros tenemos que llegar a la Junta de Gobierno para que llegue el mensaje contundente de que el el pueblo quiere que escuchen sus reclamos. Debemos llegar ahí con la intención de trabajar por el bienestar de los consumidores y eso se traduce a una reestructuración de la AEE que permita una busqueda de soluciones energéticas reales”, abundó Irrizary tras recordar el despilfarro de la energía en Puerto Rico y de manifestar la necesidad de un plan de ahorro.

Existen propuestas concretas, aseguró Rosario, sobre como reducir “en más de la mitad el consumo de energía eléctrica de fósiles con energía renovable”, como lo son el viento y el sol.

Por su parte, García Franco opinó que lleva una ventaja sobre los otros candidatos porque ya ha elaborado cinco proyectos de ley que actualmente están bajo la consideración de la Legislatura.

Entre las medidas legislativas presentadas por García se encuentran el P. de la C. 3660, una reforma al sistema de subsidios de la AEE para reducir su costo en al menos $160 millones; el P. de la C. 3779, que propone cambiar la composición de la Junta de Gobierno de la corporación pública para aumentar la cantidad de representantes de los consumidores a ser electos por los abonados; el P. de la C. 3663, un proyecto dirigido a enmendar la Ley Orgánica de la AEE para prohibir que en el renglón de ajuste por combustible se incorporen costos que no estén directamente relacionados con la compra de combustible; el P. de la C. 3661, que enmienda la Ley Uniforme de Revisión de Tarifas para requerir que la AEE revise la efectividad de sus tarifas cada cinco años y comience una revisión total de la estructura tarifaria vigente dentro de 90 días a partir de su aprobación; y el P. de la C. 3662, que propone crear la Ley Contra la Apropiación Ilegal y Uso Indebido de Energía Eléctrica para atacar el hurto de energía eléctrica.

“No podemos permitir que el representante de los consumidores en la Junta continúe siendo un ente inactivo que nadie conoce ni escucha”, argumentó.

Este es el cuarto año que el Colegio de CPA celebra un evento de reciclaje de equipo electrónico.

Por Miprv.com

En su cuarta edición, el Día de Reciclaje de Equipo Electrónico que auspicia el Colegio de CPA será el jueves, 26 de enero, en el atrio del Capital Center, de 8:30 a.m. a 2 p.m.

Durante la actividad, que se realiza con la coordinación de la empresa Reciclaje del Norte, los colegiados y público en general tendrán la oportunidad de traer equipos para ser reciclados, tales como: teclados, monitores, faxes, DVD players, impresoras, mouses, bocinas y televisores, entre otros.

“El Colegio de CPA tiene un fiel compromiso con el medio ambiente, por eso invitamos a nuestra matrícula y al público en general a que traigan su equipo en desuso y cooperen con este esfuerzo. El año pasado se recogieron 16,530 libras de equipo y este año esperamos superar esa cantidad”, dijo la presidenta del Colegio, CPA Denisse Flores Caldera.

Se cobrará una cantidad nominal por cada pieza de equipo que se procese en reciclaje, como por ejemplo $1 por los teclados, mouses y bocinas, $3 por laptops, $5 por escáners y $15 por impresoras. Los teléfonos celulares se recibirán sin costo alguno.

La lista completa de costos está disponible en la página de web del Colegio de CPA www.colegiocpa.com.

Por ley los equipos electrónicos no pueden depositarse en los vertederos públicos, debido a que contienen cantidades significativas de materiales peligrosos o tóxicos, tales como plomo, mercurio y paneles de alambre. El reciclaje permite, además, utilizar el material de este equipo inservible como materia prima para la manufactura de otros productos, ahorrando así energía y reduciendo la cantidad de desperdicios sólidos.

Un grupo se manifestó en Ponce esta mañana en contra de la finca eólica de Pattern Energy en Santa Isabel y de las acusaciones contra manifestantes en actividades previas. Foto Ludwig Medina/La Perla del Sur

Por Jason Rodríguez Grafal
Periódico La Perla del Sur

Decenas de personas llegaron esta mañana hasta el Tribunal de Ponce para protestar contra la construcción de un masivo parque eólico de la empresa Pattern Energy en Santa Isabel.

Asimismo, para rechazar la vista “en alzada” contra seis personas que fueron detenidas por manifestarse contra el proyecto.

El catedrático auxiliar de la Escuela de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, Robinson Rodríguez Pérez; el agrónomo Raúl Mari Fernández y los estudiantes Rose Marie Vázquez Cruz, Luis Omar García Mercado, Edwin Velázquez González y Javier Smith Torres fueron arrestados el pasado 15 de diciembre por presuntamente violar el nuevo Artículo 208A del Código Penal de Puerto Rico, al obstruir la entrada de camiones al proyecto de Pattern Santa Isabel en el sector Pasa Seco.

No obstante, luego de varias horas encarcelados, la jueza Zoraida Lamboy Santiago del Tribunal de Ponce, encontró “no causa” contra ellos y fueron liberados.

Aun así, el fiscal de distrito interino en Ponce, Ángel Luis García Rodríguez, decidió llevar el caso en alzada.

“Llevar este caso en alzada demuestra mala fe y querer hacer un ejemplo de personas que denuncian los malos haberes de un liderazgo gubernamental ignorante”, denunció el agrónomo Hiram Mercado Pérez de Cayey, presente frente al Tribunal.

Otros, como Omar Colón Muriel de la Organización Socialista Internacional, calificaron como inconstitucional el nuevo Artículo 208A del Código Penal.

“Uno quisiera creer que las leyes fueron hechas para proteger los intereses del pueblo, pero este tipo de acción nos deja ver que eso es falso”, declaró Colón Muriel, quien dirigía los coros de los manifestantes con un altoparlante.

Durante la manifestación, el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica en el RUM, Agustín Irizarry Rivera, recalcó que “no tiene sentido tomar un terreno que está en uso agrícola y convertirlo en una finca eólica cuando hay múltiples lugares en Puerto Rico donde podríamos tener un desarrollo eólico sustentable.Esta ley es una forma de justificar el arresto y la criminalización de personas que se oponen a proyectos y lo están llevando por encima de la libertad para expresarse”.

Por su parte, el abogado de dos de los acusados, Martín González Vázquez, denunció que no se cumplió con el debido proceso al citar a los implicados, por lo que radicó una moción impugnando el proceso.

“Las citaciones no las expidió el Tribunal, si no la Fiscalía y no tiene autoridad para eso”, afirmo el abogado. “Se están dejando citaciones a vecinos y las personas se vienen a enterar a través de terceros cuando la ley no es esa”, declaró.

Otros tantos llegaron hasta la manifestación y expresaron su disgusto con el proyecto de Pattern Santa Isabel.

“Este es el anti-proyecto eólico en Puerto Rico. Tiene cero sentido, por más viento que haya en ese lugar”, dijo Agustín Irizarry Rivera, catedrático en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

“No tiene sentido tomar un terreno que está en uso agrícola y convertirlo en una finca eólica cuando hay múltiples lugares en Puerto Rico donde podríamos tener un desarrollo eólico sustentable. Este proyecto es tan absurdo como la insistencia en el gasoducto”, añadió.

Finalmente, Aida Serrano Puigdoller del Distrito Sur del Colegio de Agrónomos, destacó el alto valor de los terrenos a impactarse.

“Este proyecto eólico se plantea en los mejores terrenos agrícolas de Puerto Rico, conocidos como ‘prime farm land’. Las tierras ‘prime farm land’ son el tres por ciento de las tierras del mundo y el 81% del proyecto de Finca de Vientos de Santa Isabel está en este tipo de terreno”, explicó.

Conferencia de Prensa Marcha Nacional contra el gasoducto Vía Verde. Foto por Miprv.com

Por Miprv.com

Con el lema “Puerto Rico firme contra Vía Verde”, la organización Casa Pueblo, unida a grupos comunitarios, ambientales, sindicales, profesionales, científicos y otros opuestos al gasoducto del norte, convocaron a una Marcha Nacional a celebrarse el domingo 19 de febrero partiendo de Puerta de Tierra hacia la Fortaleza.

El objetivo es exigirle al gobernador Luis Fortuño que retire definitivamente el proyecto del gasoducto Vía Verde “dejando atrás el doble discurso, contratos, derroche de dinero, pérdida de tiempo en la vía incorrecta y las expropiaciones abusivas de familias puertorriqueñas”, según Casa Pueblo.

“Desde septiembre de 2010 se ha comprobado que este proyecto no es viable, no es una alternativa práctica, no reduce las facturas de la luz, no reduce la dependencia del petróleo y tampoco reduce la contaminación atmosférica. Este nefasto proyecto, tan impactante como la explotación minera propuesta en décadas pasadas, dejará una herida en nuestro recursos de aguas, forestales, arqueológicos y agrícolas, entre otros, a lo largo de 92 millas y que jamás cicatrizará, además de poner en riesgo a más de 200,000 compatriotas”, dijo Alexis Massol, de Casa Pueblo

Prácticamente esta misma evidencia ha sido aceptada por el actual presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, el ingeniero José Ortiz, agregó.

Según Casa Pueblo, sin base, ni argumentos para continuar con la Vía Verde, el Gobernador está obligado a retirar el proyecto.

“No hacerlo, como debió haberlo hecho antes, significa que Luis Fortuño viola su juramento de defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y lo incapacita para gobernar al País”, dijo el director de Casa Pueblo.

“Esta marcha acompañada de valores, responsabilidad ciudadana y reclamando lo mejor para el porvenir de Puerto Rico lleva un mensaje al gobernador Fortuño y subsiguientes: los asuntos del país no pueden atenderse con alternativas impuestas, antidemocráticas y no participativas. Los problemas que nos aquejan a todos, desde la criminalidad a la conservación ambiental, se pueden atender satisfactoriamente mediante el diálogo y alianzas de iguales a iguales, entre comunidad, gobierno, sector económico, y muchos otros. Mantener una posición exclusivista entre unos pocos y excluyente con el pueblo no es manera correcta de gobernar”, acotó Massol.

La marcha saldrá a las 10:00 de la mañana desde las oficinas del Cuerpo de Ingenieros en Puerta de Tierra, pasando frente al Capitolio para culminar en La Fortaleza.

Por su parte, el abogado ambiental, Pedro Saadé, quien ha incoado pleitos legales para detener las expropiaciones en la ruta del gasoducto, reconoció la necesidad de expresión de la ciudadanía.

“La movilización de todo un pueblo ha sido y sigue siendo esencial en oposición a este absurdo proyecto, más en esta etapa definitoria. Recordemos que esta disposición de demostrar nuestras objeciones con firmeza y total compromiso es un buen antídoto ante un historial de imposición y amañado proceso administrativo contra nuestro pueblo”.

Asimismo, Juan Camacho, líder comunitario de Toabajeños en Contra del Gasoducto, apuntó a que haya una transición del Gobierno hacia la transparencia procesal de cara a las alternativas energéticas que la AEE tenga a bien considerar.

“Si bien nos complace que estén considerando las alternativas que hemos planteado en sustitución de la construcción del tubo, éstas no pueden ser un cheque en blanco. Tienen que plantearse y discutirse con los científicos, académicos y con las comunidades afectadas. El proceso tiene que re-comenzar”.

Aunque Fortuño expresara que “este proyecto [Vía Verde] no lo despinta nadie”, el representante del Comité de Utuadeños en Contra del Gasoducto, Gustavo Casalduc, aseguró que “no hay quien vaya por encima de la voluntad de un pueblo” y que las comunidades están preparadas para “luchar hasta el final”.

De otro lado, Teresa Vélez Gandía, portavoz del Comité del Norte contra el Gasoducto que comprende los pueblos de Barceloneta, Manatí y Vega Baja, le solicitó al Gobernador “que haga expresiones públicas, formales y claras con todas las agencias envueltas en la construcción del gasoducto, como la AEE, JCA, Departamento de Recursos Naturales y otras. Y que diga públicamente que retirará la solicitud de permisos ante el USACE en Jacksonville, Florida. Que garantice que Puerto Rico no tendrá un cartel del gas natural y que escuche las propuestas de los grupos en contra del gasoducto para desarrollar fuentes sustentables en caso de que exista una real crisis energética”.

El capítulo de Sierra Club de Puerto Rico también anunció su apoyo a la marcha nacional, por medio de su presidente Orlando Negrón.

“Hacemos un llamado de solidaridad a todos nuestros miembros y a amigos, para unirnos a Casa Pueblo y a todas las comunidades afectadas, para rechazar de una vez y por todas este mal concebido gasoducto. En especial hago un llamado a las comunidades del Corredor Ecológico del Noreste de Arecibo y Barceloneta que combaten la instalación de incineradores en sus pueblos, y a los miles que comparten nuestras excursiones por toda la Isla. La presente administración gubernamental ha perdido un cuatrienio improvisando en proyectos sin méritos para uno pocos, en lugar de impulsar con seriedad un verdadero desarrollo económico y social para todos”.