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Escandaloso esquema en préstamo gubernamental a empresario del San Miguel Resort

Vista del Corredor Ecológico del Noreste desde la playa. Foto Ernesto Amador © www.miprv.com

Por Miprv.com

La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) calificó como “escandaloso” el esquema utilizado en el préstamo de $6 millones otorgado al empresario Juan Ramón Zalduondo, por la Corporación de Desarrollo Hotelero (CDH), para la construcción del proyecto residencial-turístico San Miguel Resort en dicha área natural. Esto, no solo por los vínculos del actual presidente de la corporación y ex director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Jaime A. López Díaz, como ex gerente de construcción del proyecto, sino también por el esquema utilizado en la otorgación del préstamo y la compra de terrenos bajo el cual estaba garantizado.

Hace cerca de un mes, López Díaz fue nombrado como Director de la Autoridad de Puertos por el Gobernador Luis Fortuño.

“¿Como es posible que hayan aceptado en garantía al préstamo unos terrenos que el propio gobierno acabó comprando, y aún así, sabiendo de primera mano que el proyectista del San Miguel contaba con ese dinero, no hayan hecho las gestiones de cobro? Peor todavía, si hubieran embargado los terrenos por falta de pago en vez de haberlos comprado, el gobierno pudo haber ahorrado millones de dólares al Pueblo de Puerto Rico,” señaló Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), y miembro de la Coalición.

En julio de 2010, fecha en que había expirado la segunda extensión al préstamo otorgado a Zalduondo mientras López Díaz era director ejecutivo de la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) compró 120.5 cuerdas de los terrenos en el CEN propiedad del proyectista del San Miguel Resort a un costo de $8.5 millones. Esta cifra supera por más de $2 millones el dinero adeudado por Zalduondo a la CDH, subsidiaria de Turismo.

Los fondos utilizados en la compra de los terrenos surgieron de una asignación de $5.5 millones del gobierno federal, y los restantes $3 millones del gobierno estatal. En el 2009, todavía vigente el préstamo, el DRNA hizo otra adquisición de 146.2 cuerdas en la misma área y pertenecientes a Zalduondo, con fondos federales y estatales. Hasta ahora, la agencia ha comprado cerca de 544.7 cuerdas en el CEN a este empresario, la mayoría ocupadas por humedales e inundables, con la mediación de la organización The Trust for Public Lands.

Rivera Herrera fue enfático en que la Coalición apoya la compra de terrenos privados en el CEN por parte del gobierno para lograr un manejo integral del área como reserva natural y fomentar su desarrollo ecoturístico, “pero no bajo condiciones que puedan poner en duda la integridad del proceso o que impliquen un costo superior al valor justo y razonable de los terrenos, sobre todo por tratarse de fondos públicos.”

La Compañía de Turismo ni la Fortaleza han explicado las razones por las cuales el préstamo fue extendido a Zalduondo en dos ocasiones durante la presente administración gubernamental, a mas de 24 horas de que la Coalición diera a conocer la información sobre la otorgación de dichos fondos públicos para un proyecto hotelero que no era permitido en el Corredor ni contaba con un solo permiso aprobado, y a “excepción de las normas” de la Corporación de Desarrollo Hotelero.

El planificador reclamo una respuesta de los funcionarios y exfuncionarios responsables en la otorgación irregular del préstamo, incluyendo al Gobernador a informar que acciones tomará para resolver dicha situación, haciendo un lllamado también a evitar que dicha esta controversia se convierta exclusivamente en una de índole político partidista. “Le haríamos un mal servicio al país si caemos en la tentación de evaluar toda esta situación desde una perpectiva estrictamente partidista de cara a las elecciones, sin exigir a las personas implicadas directa e indirectameente a explicar en detalle por que fallaron en su deber de velar por el buen uso de los fondos públicos y de hacer valer la política pública de protección hacia el Corredor.”

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