El interés público debe ser la prioridad para la Autoridad de Energía Eléctrica y su Junta de Gobierno, según el informe.
Tras un trabajo de investigación que incluyó el impacto de la reducción en demanda eléctrica en Puerto Rico, el doctor Efraín O’Neill Carrillo, catedrático e investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), publicó un documento con ideas para reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“La reciente discusión pública en cuanto al impacto de la reducción en demanda eléctrica evidencia que el modelo basado en aumentos sostenidos de consumo eléctrico hay que cambiarlo”, sostuvo el catedrático, quien durante el verano del 2010 se movilizó a Washington D.C. con el fin de consultar con otros académicos, organizaciones profesionales y empleados de agencias federales sobre el tema de política pública de energía.
Se necesita una nueva estructura de la AEE que maximice el uso de recursos locales y minimice la utilización de recursos externos, de acuerdo con el doctor O’Neill Carrillo.
“La mayoría de los poderes y estructura de toma de decisiones que tiene la AEE datan de 1941 y fueron necesarios para apoyar el desarrollo socioeconómico del siglo pasado. Bajo la presunción de ‘petróleo barato’ se planificó, construyó y se mantiene una infraestructura que depende de combustibles fósiles que no tenemos. Una pregunta central que debemos hacernos es si son todavía relevantes los poderes y estructura que tiene la AEE ante los retos económicos y sociales que tenemos ahora y en el resto del siglo XXI”.
El estudio comienza con un breve trasfondo histórico de la energía en Puerto Rico. Se explica que la AEE se considera ‘public power’, una compañía eléctrica en manos del Gobierno.
“Estas compañías toman prestado en el mercado de bonos municipales, con unos términos más favorables (intereses más bajos) que otras fuentes de financiamiento. Se distinguen por tener cuerpos de gobierno que, en teoría, representan los intereses de los ciudadanos de forma más directa que compañías privadas”, explica el informe.
De acuerdo con la investigación, las compañías eléctricas del tipo “public power” sirven el 15% de los clientes en los Estados Unidos.
“Las propuestas de regular a la AEE cambiarían el esquema de ‘public power’ de la agencia. Algunas preguntas que atiende el estudio son: ¿Hace sentido entonces hacer este cambio y regular a la AEE?, ¿Será una mejor opción mantenerla como una compañía ‘public power’, pero revisando sus poderes y estructura actuales para que reflejen de mejor manera los intereses y aspiraciones de todos en Puerto Rico?”, explicó el catedrático.
Agregó que los cambios recientes y nuevos nombramientos a la Junta de Gobierno de la AEE, abren una puerta importante para evaluaciones y reformas necesarias. En ese proceso tiene que haber compromiso con velar por encima de todo, el interés público.
“La apertura de la gobernanza de la agencia es esencial para que podamos entender su situación actual, y entendamos ventajas y desventajas de todas las reformas propuestas para nuestra infraestructura eléctrica incluyendo la regulación externa de la AEE”, añadió.
El nuevo liderato de la Junta de la AEE tiene una oportunidad importante de cambiar lo que ha sido una dirección cerrada y poco transparente, asegura el informe.
“Y esto no es nuevo, lo han hecho dirigentes pasados de la AEE y para ser honestos, ha sido la forma usual de administración en el gobierno de la Isla por muchas décadas. Lo que debemos entender es que ese modelo de administración cerrada ya ha pasado, y la gente quiere estar informada y tener una mayor y mejor participación en las decisiones fundamentales de Puerto Rico. La Junta de la AEE tiene en sus manos abrir y dar transparencia a la agencia ante el pueblo, para escuchar y considerar, nos solo las ideas que expongo en mi trabajo, sino las ideas y preocupaciones
generales de todos los sectores en Puerto Rico”, concluyó el doctor O’Neill Carrillo.
