Una mujer realiza sus compras con una bolsa en la que se lee “Let’s Green Now” (seamos ecologistas ahora) en un supermercado. EFE/Archivo
Por María M.Mur
Agencia EFE
Panamá- En un país como Panamá, donde los comercios regalan las bolsas de plástico y usan dos para guardar un simple cartón de leche (una dentro de otra), proponer una ley para prohibirlas y sustituirlas por otras biodegradables es cuanto menos osado.
“Tenemos que entender que el plástico no es biodegradable y que las bolsas demoran 450 años en desaparecer. Hoy en día, el 20 % del plástico que se recoge en Panamá son bolsas”, explica a Efe el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Samir Gozaine.
Gozaine es uno de los principales impulsores del proyecto de ley 492, que fue aprobado el pasado 27 de abril en la Asamblea, en el primero de tres debates, y que busca fomentar el uso razonable de las bolsas de plástico y eliminar el abuso actual.
“Seríamos el primer país de Centroamérica en tener una ley como esta que ya está vigente en Europa y en algunos países latinoamericanos como Colombia. Los cambios son difíciles pero es cuestión de acostumbrarse”, asegura el político.
El objetivo del proyecto es reemplazar las bolsas de plástico por alternativas menos contaminantes, como las biodegradables, los cartuchos de cartón, de tela o de hilo, de tal modo que el consumo de plástico se reduzca hasta 20 % en Panamá.
“Las bolsas de plástico biodegradable tardan solo 25 ó 30 años en descomponerse”, cuenta Gozaine, quin se muestra convencido de que la iniciativa saldrá finalmente adelante a pesar de que ahora hay algunos diputados en contra.
Los supermercados, las farmacias y las pequeñas tiendas tendrían doce meses para adaptarse a la nueva normativa, mientras que los almacenes y los comercios mayoristas contarían con 24 meses, y todos tendrían la opción de cobrarles a los consumidores las nuevas bolsas biodegradables, según el texto aprobado en el primer debate parlamentario.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sería la institución encargada de velar por el cumplimiento de la norma y los fondos que se recauden en concepto de multas irían destinados a programas de reciclaje.
“Cuando nos concienciemos de que el plástico es un problema mundial, buscaremos prohibir otros productos como las botellas”, anuncia el diputado.
Según la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Panamá, con sus casi 4 millones de habitantes, es el país que genera más residuos per cápita de Latinoamérica, cerca de 1,2 kilogramos de basura al día por persona, la gran mayoría de los cuales son plásticos.
La iniciativa ha sido muy aplaudida por los ambientalistas, quienes defienden que es necesario la existencia de legislación porque, aunque las campañas ecologistas surten cierto efecto, la gente “no cambia de manera voluntaria”, reconoce la directora de ANCON, Rita Spadafora.
“Es una idea muy atinada. La mayor parte de la basura que llega a nuestros ríos y nuestros mares son bolsas plásticas. Esperemos que la industria apoye la idea y que entienda que hay que hacerlo por un bien superior que es el país”, dice Spadafora.
La activista, sin embargo, cree que el proyecto legislativo se ha quedado corto y que debería haber abarcado al poliespan, conocido en la región por el término inglés “foam”, “un material altamente contaminante y difícil de recoger porque se deshace en pedazos”.
Las críticas al proyecto vienen principalmente de los comerciantes, que temen que este encarezca la canasta básica y provoque el cierre de fábricas de plásticos y, por tanto, aumente el desempleo.
“Es una locura. Combatir el desempleo es más importante que el medioambiente”, afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes y distribuidores de víveres y similares de Panamá (ACOVIPA), Iván Ríos.
El comerciante no cree que la iniciativa se vaya a aprobar al final porque “los intereses de la industria plástica son muy fuertes en Panamá”.
“Cobrar por las bolsas es una costumbre que está de moda en Europa y que allí funciona porque tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que Latinoamérica. Los legisladores se piensan que somos como ellos y somos muy distintos”, zanja Ríos.
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