El uso de flotas de vehículos que operan con gas natural redundaría en beneficios económicos y ambientales, según el proyecto de ley propuesto. Foto scottjlowe vía Flickr
Por Miprv.com
El gobierno de Puerto Rico – tanto a nivel estatal como municipal – y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) deberán darle prioridad a los vehículos diseñados para funcionar con gas natural a la hora de adquirir sus flotas, de aprobarse una enmienda de ley radicada por el senador de la mayoría Larry Seilhamer.
El Proyecto del Senado 2283 busca enmendar la Sección 1-A de la Ley 30 de 1997 (Ley de Conservación Energética) para incluir este tipo de vehículo como parte de la política pública preferencial de adquisición por toda “agencia, dependencia, organismo, oficina, instrumentalidad y municipios del Gobierno de Puerto Rico y establecer el uso de gas natural en los autobuses de transportación colectiva de la AMA, y para otros fines relacionados”.
La Ley 36 de 2010 ordenó al gobierno a darle prioridad a los vehículos híbridos o que funcionan con métodos alternos a los combustibles fósiles, tales como electricidad, energía solar, hidrógeno y gasolina de forma combinada. De acuerdo a esta ley, para el año fiscal 2010-2011 el 25% de los vehículos adquiridos por el gobierno debían cumplir con esta disposición, y para el fiscal 2012-13, esa cifra debía duplicarse (50%).
“Aunque el gas natural es un combustible fósil, resulta cada día más atractivo como fuente de energía debido a sus ventajas económicas y ecológicas”, reza la exposición de motivos del proyecto de ley.
“En cuanto al transporte colectivo, el gas natural resulta más atractivo que el diesel toda vez que es sobre un 25% más económico, los costos de mantenimiento de las flotas a gas natural son 20% inferiores a las flotas similares en diesel, la perspectiva a largo plazo del precio del gas natural es estable, los vehículos a gas natural también producen mucho menos emisiones que los vehículos diesel y representa una mayor seguridad en el riesgo de accidentes debido a que se disiparía en el aire por ser un material más ligero, entre otras razones”, agrega.
La medida fue referida a las comisiones de Urbanismo e Infraestructura y de Recursos Naturales y Ambientales para su evaluación.
