Los daños causados por el huracán María se unen a la deuda de más de $70,000 millones que arrastra Puerto Rico. (EFE/Archivo)
Agencia EFE
San Juan.- Bajo el caos dejado por el huracán María hace más de un mes, los niños de Puerto Rico reanudan las clases sin saber si podrán continuarlas debido al retraso en el proceso de reconstrucción de los daños sufridos por las infraestructuras.
La reanudación de las clases de todos los años en Puerto Rico, con la habitual falta de maestros como principal problema, suma en 2017 unas infraestructuras y edificios seriamente dañados por toda la Isla a causa del huracán de lo que no han quedado al margen los centros docentes.
Puerto Rico cuenta aproximadamente con 1,100 escuelas para el año escolar 2017/2018, pero durante el día solamente abrieron sus puertas 119, en las regiones educativas de San Juan y Mayagüez.
La secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, pidió en un comunicado que ningún director de escuela tome por su propia iniciativa abrir las puertas de su centro educativo si no ha obtenido para ello la aprobación por parte de las autoridades federales de EE.UU.
“No se trata de caprichos, sino de procesos muy bien estudiados, delineados, planificados en busca de comenzar a regresar a la normalidad pero con orden y disciplina. Esto es un proceso organizado y controlado. No será de otra forma”, subrayó Keleher.
“El intentar hacer las cosas a la manera de cada cual, sea por la razón que sea, por más lógico que le pueda parecer a cualquiera, va en contra de la estructura que hemos creado durante largos días de trabajo en equipo, todos siguiendo estrictamente las instrucciones de la Agencia Federal de Emergencias -Fema-, como corresponde”, agregó Keleher.
Recordó que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, especializado en evaluar estructuras, es la única entidad encargada de certificar y catalogar las escuelas como seguras.
La apertura llega después de que hace dos semanas abrieran sus instalaciones un total de 165 escuelas que han funcionado como centros de recreo para estudiantes y lugar donde se servían comidas a los jóvenes, en muchos casos junto a sus familias con problemas para acceder a alimentos y agua debido a la devastación que provocó el huracán María.
El inicio, muy limitado, del año escolar ha sido criticado por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), organización que entiende que podrían haberse abierto muchos más centros gracias al trabajo realizado por los docentes durante semanas.
La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, señaló a Efe que en realidad las visitas del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a las escuelas eran rutinarias y que en ningún caso se llevaban a cabo estudios técnicos ni nada que se le parezca, sino que únicamente se limitaban a anotar la información que les proveían los maestros.
Martínez subrayó que la apertura de tan pocas escuelas responde al interés de la secretaria de Educación de favorecer su plan de reducir centros educativos en la isla, debido a los fuertes recortes que impone el actual presupuesto.
Ese presupuesto fue condicionado por la Junta de Supervisión Fiscal, entidad federal de control al Ejecutivo local que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) ante la grave crisis financiera de la isla.
La líder sindical dijo que la escasa apertura de escuelas puede favorecer que muchos puertorriqueños, ante la cantidad de dificultades que se encuentran en la isla tras el paso del huracán María, decidan hacer las maletas y poner rumbo a EE.UU.
El presupuesto del Departamento de Educación para el presente año fiscal es de $2,629 millones.
En esta primera etapa del inicio del curso escolar, el horario escolar se prolongará de las 8:00 a.m. al mediodía y, a partir de enero, se comenzará a ejecutar un calendario siguiendo las recomendaciones sobre los ajustes que sean necesarios.
Los daños ocasionados por el huracán María se unen a una situación financiera crítica para Puerto Rico, sumido en una profunda crisis económica e incapaz de afrontar una deuda pública que ronda los $70,000 millones.
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